Cuatro de cada diez empresas que cerraron durante la crisis lo hicieron como consecuencia directa del retraso de pagos de la Administración pública. Lo dice Bruselas. Por tanto, que la Administración pague a tiempo claramente tiene sus efectos en la consolidación de una recuperación económica que se apoya en las empresas como motor generador de empleo y de crecimiento económico.
La pregunta es ¿en qué plazos están pagando la Administración en la actualidad? ¿Qué ministerios son los peores pagadores y cuáles los mejores? Las respuestas las encontramos en el último análisis sobre morosidad, realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM): durante el primer semestre del año, la Administración ha pagado 771.698 millones de euros en facturas de bienes y servicios e inversiones a unos 57 días de media.
Para el presidente de esta asociación, Antoni Cañete, “se constata una mejora global del -8% en el periodo medio de pago con respecto al segundo trimestre de 2015”, aunque también que el comportamiento de pago es desigual. Mientras en Defensa el plazo de pago a proveedores de facturas relacionadas con gastos corrientes en bienes y servicios (alquileres, reparaciones, material de oficina, comunicaciones, transportes, publicaciones y asistencia sanitaria) se redujo un 24% (pasando de 77 días a 59) y un 19% en el capítulo de inversiones (de 82 días a 66), los Ministerios de Justicia, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente empeoraron el comportamiento de pago de sus facturas (hasta 14 días más el primero).
Tendencia descendente
No obstante, aunque todavía queda camino por mejorar (la directiva europea al respecto establece un máximo de 30 días), atrás quedan los pagos de 160 días de los peores años de la crisis que quebrantaban la liquidez de las empresas proveedoras de la Administración.
Como recuerda Pere Brachfield, director de Brachfield & Morosólogos, “toda factura no cobrada tiene un contador virtual en números rojos, que va marcando un coste financiero diario para el proveedor”. Es decir, para las pymes, “que son las que tienen menos músculo financiero”, afirma Juan Carlos González, director de Intrum Justitia Ibérica. Aunque es innegable que el comportamiento de pago de la Administración, en general, ha mejorado, “gracias a iniciativas tomadas por el Gobierno como la factura electrónica –señalan desde la PMcM–, la integración del control de la deuda comercial dentro del principio de sostenibilidad financiera, la obligación de las Administraciones de publicar su periodo medio de pago y de tener un plan de tesorería que garantice el cumplimiento del plazo legal de pago a proveedores; y lo que es más importante, que si no lo hacen entonces se haya implantado un sistema para que se retengan los recursos del sistema de financiación para el pago directo al proveedor por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.
"Los intereses de demora por retraso, a debate
Los planes para el pago a proveedores puestos en marcha entre 2012 y 2014 por el Ministerio de Hacienda ‘obligaba’ a las empresas a renunciar a los intereses de demora generados por el retraso del pago de facturas de la Administración, una cláusula abusiva a ojos de Bruselas. De hecho, se espera que este mes de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita una resolución que podría obligar al Gobierno español a pagar esos intereses de demora, unos 3.000 millones de euros. Para Antoni Cañete, “no es comprensible que los ciudadanos y empresas tengamos que pagar intereses cuando liquidamos nuestros impuestos fuera de plazo, y que no ocurra lo mismo con las Administraciones Públicas. Lo justo sería que estas pagaran de oficio los intereses de demora”. Desde la PM cM animan a esas empresas proveedoras a reclamarlo, “para que, si la sentencia fuera favorable, pudieran recuperarlos al haber interrumpido su prescripción a tiempo”.
Nota. El Informe Intervención General de la Administración del Estado: Cumplimiento de plazos legales de pago,de la PM cM, utilizado para esta información está elaborado con los datos oficiales de la Administración General del Estado (AGE).
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vía Mejora el pago de las Administraciones